Mientras en el Anexo de Diputados de la Legislatura de Mendoza se desarrollaba el plenario de comisiones para tratar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto San Jorge, junto con otros expedientes sobre minería en Mendoza, las asambleas por el agua se concentraron afuera exigiendo acceso al debate.
Desde el lugar, Micaela Blanco Minoli, licenciada en Comunicación Social y militante del PTS, denunció el hermetismo institucional:
“Hay un pedido muy claro de las asambleas, de profesionales, de científicos y de gente en general que está en contra de este proyecto: que el tratamiento en comisiones no sea a espaldas de la población. Queremos ingresar, que nos escuchen y que todo lo que se diga allí adentro sea público”.
Según relató, los manifestantes se ubicaron frente a calle Espejo, donde se realizaba el debate, pero se encontraron con la zona completamente vallada:
“Nos encontramos con una legislatura vallada. La gente trata de no cortar la calle, pero es difícil porque toda la vereda está bloqueada. Es un peligro para quienes estamos afuera, rodeados de tránsito”.
Blanco Minoli también cuestionó la legitimidad política con la que el gobierno provincial pretende avanzar con la minería:
“El gobierno dice que por haber ganado en Uspallata tiene el aval, pero más del 40 o 50% de la población está en contra. No tienen licencia social. Ganar una elección no significa poder hacer cualquier cosa”.
En referencia al estudio técnico presentado por la empresa San Jorge, la comunicadora remarcó que no tiene validez científica:
“El dictamen técnico es durísimo. Apenas un 30% de los ítems fueron calificados como satisfactorios; el resto son observaciones críticas o parciales respecto al impacto ambiental. No hay argumentos serios para aprobarlo”.
Blanco Minoli llamó a toda la población a mantenerse movilizada:
“En 2019 lo demostramos: la ley 7722 no se toca. La megaminería no tiene licencia social. Es fundamental que todos los mendocinos y mendocinas participen, porque esta lucha también se da en las calles”.