El contexto se originó hace unas semanas, cuando el ministro de modernización y desregulación, Federico Sturzenegger estuvo en Mendoza y mantuvo una reunión con dirigentes de asociaciones vinícolas ante la intención del gobierno de avanzar en desregulaciones en el área.

Villanueva expresa su fuerte desacuerdo con esta iniciativa gubernamental. El punto más controvertido es la intención de establecer como optativo el certificado de ingreso de uvas, lo que obligó a las asociaciones a presentar un recurso de amparo ante la justicia.

Según Villanueva, la eliminación de este control fundamental amenaza la trazabilidad y el prestigio del producto, además de poner en riesgo el cumplimiento de los acuerdos internacionales de Argentina.

Son ideólogos, digamos, y no entienden la práctica, las cuestiones naturales de la industria.

«Siempre hemos protegido conceptualmente cosas: la genuinidad y el apto para el consumo. Esta gente tiene un poco la idea del apto para el consumo y lo genuino.
Algo puede ser apto para el consumo y no ser genuino. Te va a decir, «Mira, te tomás este y no te pasa nada.» Es apto para el consumo, pero no ser genuino porque te está diciendo una variedad, una zona …cualquier cosa que no es.
Y la otra es que sea puede ser genuino pero no apto para consumo porque a lo mejor el vino está podrido.
Esas dos cosas hay que protegerlas porque van a las dos puntos de la cadena, al que produce y al que consume.»

La industria argumenta que el vino es un bien colectivo que necesita orden y supervisión para asegurar la genuinidad del producto y verificar que sea apto para el consumo, distanciándose de la simplificación que aplican a otras bebidas. Se critica que la medida es meramente ideológica y no considera las complejidades prácticas ni las necesidades de control que requiere un sector descentralizado y con múltiples actores.

«Son ideólogos y no entienden la práctica, las cuestiones naturales de la industria.»