El caso merece atención particular por, al menos, tres motivos. El primero es que se trata de un expresidente que, cínicamente, decía que «había terminado con el patriarcado» y se presentaba como un «aliado» de los feminismos. Sin embargo, ejercía contra su esposa desde las violencias más imperceptibles hasta las más explícitas.
Por otro lado, es preocupante el tratamiento del caso por parte de los medios de comunicación, ejerciendo más violencia no sólo contra Fabiola Yáñez sino también, por ejemplo, contra Tamara Pettinato. El morbo se privilegia por sobre la función de garantizar el derecho a la información. Finalmente, es alarmante también cómo el gobierno de turno saca provecho partidario con el fin de justificar el desmantelamiento de las políticas públicas para prevenir la violencia por motivos de género mientras proponen proyectos de ley punitivistas, que no tienen en cuenta la reparación para la víctima y que de hecho la ponen en mayor riesgo. Además, queda al descubierto la ignorancia de nuestros gobernantes al comparar, por ejemplo, un asunto social estructural como es la violencia de género con una situación coyuntural como fue la pandemia por COVID-19, tal y como hizo la vicepresidenta Victoria Villarruel.