Tras el intento fallido de derogar la Ley de Tierras a través del DNU 70/2023 —frenado judicialmente por una resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata en 2024—, el gobierno de Javier Milei envió al Congreso un nuevo proyecto denominado de «inviolabilidad de la propiedad privada».

«El gobierno está llevando adelante un plan sistemático de entrega de la soberanía […] el Estado se está despojando de todas las herramientas que tiene para la toma de decisiones y esto es gravísimo.»

Según explicó el abogado Jerónimo Guerrero Iraola, quien impulsó la medida judicial original desde el Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, se trata de un proyecto ómnibus que no solo deroga en los hechos la ley vigente, sino que también modifica la legislación sobre manejo del fuego y la ley de alquileres.

Guerrero sostuvo que el propio texto del proyecto reconoce que, ante el obstáculo judicial para aplicar la ley por decreto, el oficialismo decidió avanzar por la vía legislativa.

«La ley de tierras no solo es un límite, la ley de tierras es una concepción de cómo el Estado administra un recurso estratégico que es el suelo, el territorio […] Si no tenemos un registro y no sabemos en manos de quién está la tierra, uno puede poner 10, 15, 25, 50, 83% de límite, pero no vamos a saber qué controlar y cómo controlarlo.»

Para el letrado, la discusión pública centrada en los porcentajes de tierra en manos extranjeras —el proyecto eleva el tope del 15% al 25%— es una «cortina de humo» que desvía la atención del verdadero punto crítico: la eliminación del Registro Nacional de Tierras Rurales, creado por una medida cautelar del CECIM La Plata, que permite investigar quiénes son los verdaderos titulares de las tierras en el país. Sin ese registro, explicó, ningún porcentaje límite podría controlarse en la práctica.

El abogado también señaló que buena parte de las presuntas violaciones a los topes actuales se concentran a nivel departamental —citó el caso de Neuquén, con cerca del 50% de su superficie en manos extranjeras— y que la reforma introducida por decreto durante el gobierno de Mauricio Macri, que reemplazó la obligación de pedir autorización por un simple deber de informar sin sanciones, habría facilitado que muchas operaciones se realizaran sin control efectivo. Recordó que, según el artículo 7° de la Ley 26.737, las operaciones que incumplan los límites vigentes son «nulas de nulidad absoluta» y pueden ser impugnadas ante la Justicia.

Guerrero enmarcó el proyecto dentro de lo que definió como un plan sistemático del Gobierno para despojar al Estado de herramientas de decisión estratégica, mencionando en la misma línea la política sobre el RIGI, las represas hidroeléctricas, la Comisión Nacional de Energía Atómica, Nucleoeléctrica Argentina, Arsat, el sistema científico-tecnológico y la vía navegable del Paraná, entre otros ejemplos.

Finalmente, vinculó los cambios en la Ley de Manejo del Fuego con un incentivo a los incendios intencionales como método para habilitar negocios inmobiliarios en bosques y áreas protegidas, y objetó las mayores restricciones que el proyecto introduce a la posibilidad de que el Estado expropie tierras.