«Son muy claros los argumentos de el comunicado primero: no son antimineros, están diciendo que esto está mal medido. Ya no existe ese cauce, ese volumen de agua no lo tiene porque fue medido antes de la sequía que estamos ahora. Es muy concreto y está diciendo con hay que medirlo de vuelta.»

El informe científico, lejos de ser «antiminero,» planteaba argumentos específicos y graves, como la denuncia de que la medición del caudal de agua disponible se basó en datos anteriores a la sequía actual. Gispert argumenta que esta maniobra es parte de un problema económico más profundo, pues el proyecto en cuestión no proviene de inversores serios, sino de grupos que buscan especular a través del «negocio inmobiliario de las concesiones»:.

«Estas empresas que se quedan una concesión de una forma bastante precaria, no son verdaderos inversores del sector, no es una empresa comprometida en hacer inversiones, sino que hacen un negocio inmobiliario.«

Esta falta de capacidad de inversión real, junto con la prisa gubernamental por aprobar la iniciativa y silenciar a los expertos, genera profundas sospechas de manejos turbios o corrupción vinculados a actores políticos locales.