En realidad, lo que se busca es derogar la Ley de Emergencia en Discapacidad: este proyecto elimina, artículo por artículo, casi todo su contenido.

Según indica Paola Pedroza, aunque el proyecto se titula como una medida contra el «fraude en pensiones», su contenido real apunta a derogar casi todos los artículos de la Ley de Emergencia y modificar sustancialmente el sistema de protección social.

Las auditorías fueron realmente desastrosas. De 100000 pensiones en un principio se retiraron las que eran verdaderamente fraudulentas que fueron 6000 u 8000 y al resto que suspendieron, no les llegó la carta documento, pero no llegó intencionalmente y lo demostramos.

La directora de THADI denuncia que el gobierno utiliza casos aislados de irregularidades para imponer un reempadronamiento obligatorio que, en el pasado, ya provocó la suspensión injustificada de miles de pensiones por fallas administrativas.

El proyecto también pretende desregular los aranceles, eliminando el sistema de valores únicos y universales para que cada prepaga negocie sus propios montos, lo cual rompería la equidad en el acceso a los servicios.

Si se desregula, pasa a cada institución o profesional negociar con esa obra social y prepaga. Entonces, va a haber aranceles diferentes, atenciones diferentes, filtros de las instituciones, de qué obras sociales puedo recibir o no…

Al mismo tiempo advierte que estas medidas, sumadas al atraso en los pagos estatales y a la exigencia de una invalidez laboral extrema, representan un retroceso de décadas en materia de inclusión y protección social.

Se desregula un sistema que ha funcionado durante décadas y volvemos atrás como era hace 30 años.