«El proyecto no distingue entre nuevos y viejos trabajadores. Afecta a todos.»

Desde una perspectiva jurídica, Pérez Crespo señaló  en Malos Días que, en lo que respecta al derecho al trabajo, el proyecto no se limita a modificaciones puntuales, sino que avanza sobre el núcleo del sistema laboral argentino. En ese sentido, advirtió que la orientación general de la ley es clara y uniforme.

El abogado explicó que el texto no diferencia entre trabajadores actuales y futuros, desmintiendo los argumentos oficiales que sugerían un impacto limitado a nuevas contrataciones.

En relación con la constitucionalidad de la iniciativa, Pérez Crespo afirmó que el proyecto presenta múltiples conflictos con la Constitución Nacional y con convenios internacionales suscriptos por la Argentina, lo que podría derivar en una judicialización masiva si la norma llegara a aprobarse.

«Es una sumatoria realmente insólita de inconstitucionalidades.»

Uno de los puntos más críticos, según explicó, es la reforma del régimen de servicios esenciales, que amplía de manera drástica las actividades alcanzadas y restringe el ejercicio del derecho a huelga, obligando a sostener altos niveles de actividad incluso en contextos de conflicto sindical.

«Lo que eran cinco actividades excepcionales, ahora se extiende prácticamente a todo.»

El presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas también cuestionó la idea de que la reforma promueva acuerdos libres entre empleadores y trabajadores, al considerar que desconoce la desigualdad estructural que caracteriza a la relación laboral individual.

«No van a acordar, lo que va a haber es una imposición.»

Otro eje central de sus críticas fue la creación del Fondo de Asistencia Laboral, que, según explicó, traslada a la sociedad el costo de los despidos y compromete recursos del sistema previsional, ya de por sí tensionado.

«Parte de los aportes al sistema de seguridad social se va a destinar a financiar los despidos.»

Finalmente, Pérez Crespo sostuvo que la reforma no sólo no reducirá la informalidad, sino que la profundizará, al eliminar mecanismos históricos de control y sanción sobre el empleo no registrado.
En ese marco, concluyó que el proyecto responde a una lógica de reducción del costo laboral y de disciplinamiento de la clase trabajadora, mediante el debilitamiento de la representación sindical y de los derechos colectivos.

«Lo que se busca es reducir el costo del trabajo y disciplinar a la clase trabajadora.»