Este martes, el Senado provincial tuvo como eje de discusión la modificación del estatuto del empleado público. El proyecto generó un intenso debate que culminó en un inusual empate de 19 votos a 19, situación que obligó a la vicegobernadora a desempatar, inclinándose finalmente a favor de la reforma.

De acuerdo con lo expuesto por el legislador de la Unión Mendocina, la iniciativa busca reducir el alcance indemnizatorio de los trabajadores estatales y, de manera polémica, eliminar el pago de salarios caídos a empleados reincorporados tras despidos injustificados. Esta compensación había era ya una garantía que habían obtenido previamente por jurisprudencia.

Entre los opositores a la propuesta del Poder Ejecutivo se ubicó el senador Pringles, quien sostuvo que la reforma constituye un intento de flexibilización laboral que vulnera el principio constitucional de no regresividad de los derechos y que, lejos de solucionar conflictos, solo incrementará la litigiosidad:

«Uno de esos principios que está fijado en en la Convención Americana de Derechos Humanos es el de la no regresividad o la progresividad de los derechos laborales. ¿Qué implica esto? Que cuando los trabajadores adquieren algún derecho, esos derechos se van incorporando a los de los trabajadores. Cuando se lo quiere modificar por una ley retrotrayéndolo, afecta un principio constitucional que es el de no regresividad. Lo único que va a traer este proyecto es más litigiosidad pero el fondo de la cuestión va a seguir igual.«

Además, el legislador advirtió sobre la situación precaria de miles de trabajadores interinos que continúan sin regulación, y señaló que la reforma no aborda los problemas estructurales de la gestión del personal estatal, como la ausencia de concursos y el uso abusivo de contrataciones políticas.