De Oro detalló que la imputación incluye cargos de lesiones graves, las cuales se consideran agravadas por la relación de convivencia y el contexto de violencia de género. Explicó que las lesiones graves implican un daño considerable que afecta la salud o capacidad laboral de la víctima, mientras que las coacciones se refieren a amenazas que buscan forzar a la víctima a actuar en contra de su voluntad.

El abogado subrayó que, aunque los delitos de violencia de género son notoriamente difíciles de probar debido a la naturaleza privada de los mismos, el caso de Fernández cuenta con elementos probatorios significativos, incluyendo peritajes psicológicos y pruebas documentales que podrían fortalecer la acusación.

Sobre la cuestión de la prescripción, De Oro aclaró que, dado que los cargos incluyen lesiones graves, el plazo de prescripción es de diez años, en comparación con el plazo más corto para lesiones leves. Aunque el tiempo puede afectar la evidencia, el abogado enfatizó que las acusaciones están basadas en pruebas sólidas y que la investigación continuará para esclarecer los hechos y determinar las posibles sanciones.