Sebastián Crespo, Investigador en Hidrología de montaña IANIGLA y Laura Zalazar, Coordinadora del Inventario Nacional de Glaciares hablaron con el programa Malos Días sobre lo que va a ocurrir hoy en el Congreso.

La Cámara de Diputados va a tratar la media sanción de la modificación de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos en Argentina, la cual propone otorgar mayor autonomía a las provincias y condicionar la protección de los entornos periglaciales a su función hídrica relevante. Expertos del IANIGLA advierten que esta modificación ignora la complejidad técnica de medir el aporte de agua en zonas áridas y debilita el rol de la evidencia científica frente a intereses políticos y extractivos.

Desde el organismo encargado del relevamiento, explicaron que el inventario no es un proceso cerrado, sino dinámico.

“Sabemos que los glaciares están siendo muy afectados por el cambio climático. Por lo tanto, es necesario monitorearlos y actualizar el inventario. Este no es un trabajo estático, sino que se actualiza de manera permanente. De hecho, en este momento estamos trabajando en su actualización.”

Uno de los puntos más críticos de la reforma es la transferencia de poder a las provincias. Para los especialistas, esto implica un retroceso.

«Estamos hablando de un falso federalismo, donde las las provincias pasarían de de tener una participación activa, pero no absoluta como determina la ley vigente, a tener el control total sobre qué hacer y qué no hacer con un glaciar.»

También cuestionaron la idea de diferenciar áreas periglaciales según su “función hídrica relevante”. Para Crespo, esto es “una gran trampa”, ya que determinar el aporte real de agua de estos ambientes es extremadamente complejo: “Son estudios muy difíciles, caros y requieren mucho tiempo”. Además, subrayó que incluso los aportes pequeños pueden ser estratégicos en regiones áridas como Mendoza, donde “la limitante al desarrollo es justamente el agua”.

En ese contexto, advirtieron que los glaciares —especialmente los de escombros— serán clave frente al cambio climático:

“Son los que van a asegurar la entrega de agua a lo largo de los próximos 100 o 200 años”.

Por su parte, Laura Zalazar destacó que la reforma “desdibuja” el rol científico del organismo:

“La decisión final pasa a depender de una autoridad política provincial; el IANIGLA puede llegar a opinar, pero no es vinculante. La provincia tiene la decisión de avanzar eventualmente con cualquier actividad extractiva.»

Los especialistas también relativizaron uno de los argumentos centrales del oficialismo: “Se habla de menos de un 1% de la cordillera” bajo protección, por lo que consideran “exagerado” plantear que la ley frena el desarrollo minero.

Finalmente, alertaron sobre el contexto climático: según datos del inventario, los glaciares ya muestran retrocesos significativos.

“En Mendoza, en los últimos 40 años la reducción ha sido aproximadamente un 36%. Es una barbaridad”